BOTARON A TRABAJADOR DE UGEL SAN LORENZO INHABILITADO

BOTARON A TRABAJADOR DE UGEL SAN LORENZO INHABILITADO

*Datem del Marañón exigía salida de nuevo administrador de la UGEL Eduardo Martín Yap Del Águila.

*Está sancionado por el Tribunal Constitucional desde noviembre de 2017 y ha venido ocupando cargos en la Ugel de Alto Amazonas y la Red de Salud de esa provincia.

Se conoció que debido al escándalo propalado respecto a la designación del nuevo administrador de la Ugel/Datem del Marañón, éste fue sacado de inmediato. No duró ni un solo día en el cargo y eso era lo esperado.

Sería bueno que agarren una “fumigadora” para que exterminen a muchos funcionarios que aún siguen contaminando los cargos públicos en diversas instituciones, empezando por el gobierno regional de Loreto, para que esta región mejore un poquito. No se puede pedir más, aunque sí hay que seguir luchando y protestando contra la inextinguible corrupción.

RECORDEMOS CASO DE YAP, EL REPUDIADO.

El Tribunal Superior de responsabilidades administrativas, procedimiento administrativo sancionador de Contraloría de la República, a través de la Resolución 053-2016-declaró infundados los Recursos de Apelación interpuesto por varios denunciados en el marco de un informe hecho a la municipalidad de Balsapuerto Alto Amazonas, donde entre otros, figura Eduardo Martín Yap Del Águila, ex gerente de administración y finanzas de esa entidad edil.

Eduardo Yap Del Águila.

Últimamente estuvo como administrador de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Alto Amazonas, cuando era directora Victoria Mera. Luego pasó a ser administrador de la Red de Salud de Alto Amazonas, siendo director José Escalante Paredes. Siendo que desde noviembre 2017 el Tribunal Constitucional ya había ratificado su sanción de 5 años de inhabilitación.

SE PRONUNCIÓ EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Contraloría de la República fue totalmente clara al indicar que al mencionado se le debería imponer la más alta sanción, declarando infundada su apelación y confirmando los 5 años de INHABILITACIÓN para el ejercicio de la función pública. Lógicamente él apeló.

La apelación ante el Tribunal Constitucional fue resuelta en la Sentencia del 28 de noviembre de 2017, donde claramente especifica lo siguiente: “La parte demandante solicita que se declare la nulidad de las resoluciones 002-2014 del 30 de setiembre de 2014 y 053-2016 del 5 de abril 2016 , ya que en virtud a dichas resoluciones se le inició un procedimiento administrativo sancionador, se le impuso una sanción de inhabilitación de cinco años para el ejercicio de la función pública y se declaró infundado su recurso de apelación.

El demandante sostiene que dichas resoluciones vulneran sus derechos al trabajo, a la debida motivación y a la defensa” remarca el Tribunal Constitucional resolviendo como IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. Por lo que desde noviembre 2017 el actual administrador de la Ugel Datem Marañón está inhabilitado para ejercer función pública por 5 años.

Por todo ello los trabajadores de la UGEL Datem del Marañón, hacen un llamado a la autoridad regional para que de inmediato saque del cargo a Yap Del Águila.

¿POR QUÉ SANCIONARON A YAP?

“Por haber usado los recursos de la entidad (municipalidad) sin observar lo establecido en las normas presupuestales y de tesorería al autorizar mediante su firma y sello diversos cheques girados para el pago a favor de proveedores quienes han negado haber otorgado bienes y/o servicios a la entidad, no obstante carecer de documentación sustentatoria que se exige para el devengado y pago, no estando acreditada la recepción de bienes y/o la efectiva prestación de servicios por las áreas competentes, beneficiándose a los mencionados proveedores con el giro y posterior cobro de cheques, ocasionando un perjuicio económico de 56, 819.00 soles, 26, 125.00 soles y 17,450.00 soles.

Actuaron de manera parcial en contra de los intereses del Estado al autorizar mediante su firma y sello diversos cheques girados como concepto de pago no obstante carecer de la documentación sustentatoria que se exige para la formalización de devengado y pago, dando lugar a un beneficio ilegal a favor de proveedores quienes han NEGADO la provisión de bienes o prestación de servicios a favor de la mencionada entidad, ocasionando el conocido perjuicio económico” dice Contraloría en su informe.