Defensoría recomienda a la municipalidad de Requena modificar montos del T.U.P.A

Defensoría recomienda a la municipalidad de Requena modificar montos del T.U.P.A

*Monto cobrado por copias simples y fedateadas impiden acceso a la información pública.

Durante casi todo este año, ciudadanos de Requena interesados en sacar copias simples y fedateadas de la municipalidad provincial, se quejaron ante INDECOPI y Defensoría del Pueblo, por el excesivo cobro de 20 céntimos por una copia simple (lo que en el mercado cuesta 10 céntimos la hoja) y 10 soles por copia fedateada.

Lo que han observado como una barrera que impide la concretización de su derecho al acceso de la información pública. Luego que INDECOPI informara a Defensoría del Pueblo de lo que ocurre por esa provincia; dicha institución se ha pronunciado al respecto haciendo varias recomendaciones al alcalde, agregando que tienen un plazo de 30 días hábiles para responder respecto a las acciones adoptadas.

“El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 01847-2013, ha señalado que “resulta desproporcionado, pues por una copia simple se exige el pago de 20 céntimos, resultando dicho costo superior al 100% del costo promedio que ofrece el mercado por el mismo servicio y que asciende a 10 céntimos. Mientras que por cada copia certificada se viene exigiendo el pago de un sol, pese a que el servicio de certificación o fedateo –más no la reproducción- en las instituciones públicas debe ser gratuito conforme lo dispone el numeral 1) del artículo 127 de la Ley del Procedimiento Administrativo General”.

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Consecuentemente, se advierte que el costo que se viene imponiendo por la reproducción de la información solicitada constituye una barrera que impide la concretización del derecho de acceso a la información pública. Por lo que Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Municipalidad de Requena, realizar las acciones que correspondan a fin de modificar los montos fijados en el T.U.P.A. por concepto de copia simple y copia fedateada, toda vez que los costos que se vienen imponiendo a los ciudadanos por la reproducción de la información solicitada, así como de la copia certificada, constituyen una barrera que impide la concretización del derecho de acceso a la información pública.

Recordándoles finalmente, que están obligados a responder por escrito dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles, las medidas y acciones adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas.