GOBERNADOR FERNANDO MELÉNDEZ: ¿CÓMPLICE DE LA CORRUPCIÓN?

GOBERNADOR FERNANDO MELÉNDEZ: ¿CÓMPLICE DE LA CORRUPCIÓN?

*Datem del Marañón exige salida de nuevo administrador de la UGEL por estar inhabilitado

*Está sancionado por el Tribunal Constitucional desde noviembre de 2017 y ha venido ocupando cargos en la Ugel de Alto Amazonas y la Red de Salud de esa provincia.

*El no haber contemplado el mandato del TC que confirmó inhabilitación de 5 años para él, podría acarrear graves consecuencias legales para quienes lo designaron.

Es decir, el gobernador de Loreto Fernando Meléndez, y el recién nombrado -oficialmente desde el último fin de semana (Javier Yglesias ya no va); director regional de educación Roberto Pinchi Flores, porque ambos sabiendo perfectamente del negro historial del mal administrador Eduardo Martín Yap Del Águila; y de la sentencia de nada menos que una inhabilitación de 5 años, lo colocaron como jefe de Ugel de Datem del Marañón (San Lorenzo), una provincia golpeada muy fuerte por la corrupción. Con el agravante que la sentencia ratificada por el Tribunal Constitucional, salió en noviembre de 2017 y Yap Del Águila, ha venido laborando como administrador de la red de salud de Alto Amazonas y de la Ugel/Alto Amazonas. Urge una denuncia penal al respecto.

El Tribunal Superior de responsabilidades administrativas, procedimiento administrativo sancionador de Contraloría de la República, a través de la Resolución 053-2016-declaró infundados los Recursos de Apelación interpuesto por varios denunciados en el marco de un informe hecho a la municipalidad de Balsapuerto Alto Amazonas, donde entre otros, figura Eduardo Martín Yap Del Águila, ex gerente de administración y finanzas de esa entidad edil.

¿Quién es él? Un personaje sumamente cuestionado y denunciado por hechos de presunta corrupción cuando estuvo laborando en la municipalidad “Teniente César López”, con esos “pergaminos” logró que el gobierno regional de Loreto, lo nombre como administrador de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Alto Amazonas, cuando era directora Victoria Mera.

Imagen del gobernador acompañando a la practicamente huída del país, Nancy Lange, esposa de su amigo PPK.

Y eso no es todo, siendo botado por graves denuncias y hechos irregulares cometidos en esa entidad, gracias a la presión fuerte del Sutep salió para luego ser colocado como administrador de la Red de Salud de Alto Amazonas, siendo director José Escalante Paredes. De donde gracias a una presión fuerte de los trabajadores quienes repudiaban su labor, fue sacado por malos manejos y por su actitud soberbia y prepotente para con la clase trabajadora.

SE PRONUNCIÓ EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.  

Contraloría de la República fue totalmente clara al indicar que al mencionado se le debería imponer la más alta sanción, declarando infundada su apelación y confirmando los 5 años de INHABILITACIÓN para el ejercicio de la función pública. Lógicamente él apeló.

La apelación ante el Tribunal Constitucional fue resuelta en la Sentencia del 28 de noviembre de 2017, donde claramente especifica lo siguiente: “La parte demandante solicita que se declare la nulidad de las resoluciones 002-2014 del 30 de setiembre de 2014 y 053-2016 del 5 de abril 2016 , ya que en virtud a dichas resoluciones se le inició un procedimiento administrativo sancionador, se le impuso una sanción de inhabilitación de cinco años para el ejercicio de la función pública y se declaró infundado su recurso de apelación.

El demandante sostiene que dichas resoluciones vulneran sus derechos al trabajo, a la debida motivación y a la defensa” remarca el Tribunal Constitucional resolviendo como IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. Por lo que desde noviembre 2017 el actual administrador de la Ugel Datem Marañón está inhabilitado para ejercer función pública por 5 años.

¿Y CÓMO ASÍ LO HAN PREMIADO?

Sobre todo, con tremendo cargo de administrador en la Ugel/Datem del Marañón, una unidad propensa a la alta corrupción según informaciones propaladas desde hace meses que incluso han merecido la presencia del ministerio público. Es por ello que los trabajadores de esa UGEL han dicho ¡basta! quienes vienen preparando una gran protesta para estos días exigiéndole al gobernador Fernando Meléndez, que lo saque de inmediato del cargo ostentado.

Documentos hablan por sí solos respecto a Eduardo Yap.

De otro lado, no se puede entender la decisión adoptada por el gobierno regional, qué conociendo el currículo tan negativo de ese funcionario, y conociendo la determinación del Tribunal Constitucional el máximo órgano en cuanto a aplicación y decisión judicial; lo haya colocado en esa unidad de gestión educativa. Una decisión que podría ser contemplada como desobediencia a la autoridad, puesto que Eduardo Martín Yap Del Águila, desde noviembre 2017 sabía que estaba inhabilitado para ejercer función pública alguna y lo ha venido haciendo. Un delito que debe ser investigado.

¿POR QUÉ LO INVESTIGARON Y SANCIONARON?

“Por haber usado los recursos de la entidad (municipalidad) sin observar lo establecido en las normas presupuestales y de tesorería al autorizar mediante su firma y sello diversos cheques girados para el pago a favor de proveedores quienes han negado haber otorgado bienes y/o servicios a la entidad, no obstante carecer de documentación sustentatoria que se exige para el devengado y pago, no estando acreditada la recepción de bienes y/o la efectiva prestación de servicios por las áreas competentes, beneficiándose a los mencionados proveedores con el giro y posterior cobro de cheques, ocasionando un perjuicio económico de 56, 819.00, 26, 125.00 y 17,450.00 soles.

Actuaron de manera parcial en contra de los intereses del Estado al autorizar mediante su firma y sello diversos cheques girados como concepto de pago no obstante carecer de la documentación sustentatoria que se exige para la formalización de devengado y pago, dando lugar a un beneficio ilegal a favor de proveedores quienes han NEGADO la provisión de bienes o prestación de servicios a favor de la mencionada entidad, ocasionando el conocido perjuicio económico” dice Contraloría en su informe.

Finalmente, sería importante que los peritos de informática con los que cuentan varias entidades públicas, inicien una investigación profunda porque se seguirían registrando varios delitos cuya modalidad sería las altas transferencias de saldos presupuestarios a través de la vía informática.