¿HASTA CUÁNDO TANTA IMPUNIDAD A FAVOR DE VÁSQUEZ VALERA? SE REPROGRAMÓ AUDIENCIA DE LOS CRÉDITOS AGRARIOS.

Se postergó audiencia sobre los créditos agrarios

*Después de 10 años de investigación recién la fiscalía hará su acusación contra 15 imputados.

*Pedirá 15 años de pena privativa efectiva para varios de los involucrados en la denuncia.

La esperada audiencia estaba programada para el último viernes 29 de marzo a las 8 de la mañana. El fiscal titular Michael Aquino Espinoza, estuvo minutos antes de la misma. Así como unos tres abogados defensores. Algo que llamaba la atención puesto que el caso de los créditos agrarios donde se habrían dilapidado 100 millones de soles en el objetivo de favorecer al agro regional; involucra a unas 15 personas.

La secretaria del juzgado que despacha la jueza titular Dra. Bethy Palomino Pedraza, le anunció al fiscal que recién le habían comunicado en casilla electrónica que no habría audiencia debido a la observación hecha por una abogada respecto a los días para evaluar la carpeta fiscal. Al parecer se trataría de la defensa técnica de la ex gerente general del gobierno regional Lira Reátegui.


Se postergó audiencia de los créditos agrarios, cuya investigación fiscal data desde el año 2009. Han transcurrido 10 años y aún no puede darse el juicio oral.

Igualmente, la secretaria le comunicó al fiscal y a los pocos abogados asistentes, que la audiencia de uno de los casos más emblemáticos de todo Loreto por la afectación que tuvo en el campesinado regional de escasos recursos; se reprogramaba para el próximo viernes 12 de abril a las 8 de la mañana. Después de 10 años de investigación, se frustraba una vez más la audiencia esperada.  

¿Y qué pasó en el caso de los créditos agrarios?

Según informes de Contraloría de la República, de la revisión hecha a los créditos promocionales otorgados por el gobierno regional de Loreto, observaron que modificaron el Reglamento de Crédito Agropecuario, Pesquero y Fondo rotatorio supervisado, a fin de incrementar el tope de préstamos hasta 120 UIT y como consecuencia de ello se dispuso la utilización de parte de los fondos públicos provenientes del 12% de los ingresos por canon petrolero en el otorgamiento de créditos promocionales a 47 empresas por montos superiores al máximo establecido legalmente, transgrediendo el artículo 8 de la Ley 24300 y el artículo 10 de la ley 28411. 

Los hechos descritos, han originado qué al otorgarse sumas mayores a las fijadas legalmente, las empresas puedan acceder al manejo de capital a una tasa de interés (al tratarse de un crédito promocional) por debajo del fijado por la banca comercial, desnaturalizando la finalidad de los fondos públicos del 12% de los ingresos del canon petrolero para el otorgamiento de créditos promocionales destinados a productores individuales o asociados, lo cual ha sido ocasionado por el accionar consciente y voluntario de los funcionarios quienes, en el ejercicio de sus funciones y contraviniendo la normativa, sustentaron y aprobaron la modificación del artículo 54 del Reglamento.

En consecuencia, los citados fondos públicos tenían como finalidad legal específica la atención de créditos promocionales a favor de los distintos productores de la región Loreto y ejecutar obras de infraestructura en su apoyo, siendo que el tope máximo establecido por ley para cada crédito, era de 12 UIT, sin distinción de ninguna clase sobre la condición de beneficiario (persona natural o jurídica).

No hay que olvidar que en Loreto se discriminó a muchos campesinos humildes, a los que les mezquinaron créditos para dar a empresarios de la ciudad quienes, en muchos casos, levantaron sus empresas dedicadas a diferentes rubros, no ligados a la agricultura. A los pocos campesinos que les dieron créditos ínfimos, les vendieron herramientas para el agro que ellos no habían pedido, les impusieron. Además, ahora les siguen notificando para que devuelvan o les cobran sus garantías. Sin embargo, a aquellos que deben 900 mil, 500 mil, 300 mil, les dan el beneficio de reprogramar sus deudas en años, pagando miserias mes a mes y eso, si es que pagan.

Por todo ello, es que se exige que la justicia haga su trabajo, que el fiscal sustente su acusación fiscal, donde ya se conoce que pedirá 15 años de pena privativa de la libertad efectiva, para los principales involucrados en el caso de la debacle del agro en Loreto, denominado el caso de los “créditos agrarios”.