Juzgado de Investigación instaló audiencia para ver caso de lavado de activos contra ex congresista de la república

 

Juzgado de Investigación instaló audiencia para ver caso de lavado de activos contra ex congresista de la república

*Fiscal Mónica Shimizu, expuso hechos investigados.

Dicha audiencia estuvo programada para las 10 de la mañana, hora puntual en que la Jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Dra. Betty Vilma Palomino Pedraza, instaló la audiencia luego de dar por garantizada la defensa de cada uno de los imputados, a través de sus abogados.

Minutos más tarde pidió a la fiscal de lavado de activos que exponga los hechos investigados para llegar a la acusación en el marco del control correspondiente. La fiscal que al parecer estaba mal de la garganta, trató de solicitar una reprogramación de la actividad judicial, pedido que no fue aceptado por la jueza.

La fiscalía de lavado de activos acusa al ex congresista Víctor Grandez, así como a su señora madre Estefita Saldaña, entre otros, por hechos que se habrían registrado entre los años 2007-2009 en cuanto a la adquisición de bienes por parte de la señora quien no tenía oficio conocido que le generara mayores ingresos económicos.

Ministerio Público acusa a ex congresista de presunto Lavado de Activos. Audiencia se desarrolló ayer.

La denuncia la puso Eriberto Pacaya, que según el ex congresista ya habría muerto. “Esta denuncia tiene años y hasta la fecha la fiscal no ha podido demostrar nada, no dice cuál es el delito fuente, o sea, de dónde vino el dinero mal habido si todo estaba debidamente acreditado.

La denuncia fue puesta por una persona comprada por la corrupción para hacerme daño y que hasta la fecha no aparece, creo que ya ha muerto. Además, tomaré acciones contra la fiscal porque sacó documentación de la Sunat que no ha enviado a Lima, la ha ocultado” expresó mortificado Grandez.

Por su parte la fiscal Mónica Shimizu, antes de instalarse la audiencia de control de acusación frente a la doctora Betty Palomino Pedraza, respondió que sí existían elementos suficientes para acreditar los delitos imputados contra el ex congresista en el juzgado. Al final se pudo conocer que para el ex parlamentario el ministerio público pide 12 años y 7 meses de pena privativa de la libertad.