Por inacción de funcionarios colocaron multa de 430 mil soles a Electro Oriente

*Según informe de control ejecutado por OCI de la mencionada empresa de energía. 

Irregularidades advertidas en torno a la inacción de los funcionarios de la entidad que permitió la aplicación de multa coercitiva por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la que ocasionó perjuicio económico a la entidad de 430 mil soles. De la revisión y análisis a la documentación relacionada con la multa coercitiva impuesta por el OEFA, se evidenció que la Entidad no implementó la medida preventiva de clausurar la tubería mediante la cual vertían aguas residuales de la Central Térmica Iquitos al Río Itaya, pese a tener conocimiento que su cumplimiento era de plazo inmediato y que el no acatamiento de dicha disposición, ocasionaría una multa coercitiva a la misma.

 

En ese sentido, se transgredió la novena disposición complementaria de la Ley n.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Decreto Legislativo n.° 1389 de 14 de setiembre de 2018 y los artículos 22° inciso 2), 29° inciso 1) y 35° del Reglamento de Supervisión del Organismo de Evaluación Fiscalización Ambiental OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo n. ° 006-2019- OEFA/ CD de 15 de febrero de 2019, que regulan las acciones destinadas a la protección del ambiente. Los hechos expuestos ocasionaron perjuicio económico a la Entidad.

 

Recomendaciones: disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, comprendidos en el hecho irregular, Inacción de los Funcionarios de la Entidad permitió la aplicación de multa coercitiva por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ocasionando perjuicio económico a la Entidad de S/430 000,00.

del presente Informe de Control Específco, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

Disponer el inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios públicos comprendidos en el hecho con evidencia de irregularidad del presente Informe de Control Específico. Contra Juan Felipe Vargas Rodríguez y Martín Enrique Salazar Rojas.