El setenta por ciento por delito contra la libertad sexual

El setenta por ciento por delito contra la libertad sexual  

*Casi un centenar de nativos purgan condena en la cárcel de Iquitos.

En los últimos años se ha creado una especie de controversia entre la administración de justicia occidental (Poder Judicial, Fiscalía, etc.) con relación a la justicia indígena que ha motivado que desde el Poder Judicial se realicen congresos internacionales y se emitan importantes pronunciamientos.

La Constitución Política del Perú en su artículo 149 “Ejercicio de la función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas” dice: Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con su derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas.

Según el magistrado Aldo Atarama Lonzoy, en una publicación hecha en una revista institucional de la Corte Superior de Justicia de Loreto, indica que el tema de las culturas genera diversas formas de concebir el derecho, de cómo administrar justicia, lo que genera varios problemas concretos con relación a los pueblos indígenas y sus relación con la justicia occidental ( Poder Judicial , Fiscalía, Policía Nacional, etc.).

Ochenta comuneros vienen purgando cárcel en el penal de Iquitos.

Como es cuando los indígenas son juzgados por jueces occidentales, por la comisión de un delito y muchos de ellos van a parar a la cárcel. En la actualidad son ochenta los indígenas que están presos en la cárcel de Guayabamba. El otro caso es cuando los indígenas han cometido algún “delito” al interior de su comunidad y la justicia comunal resuelve dicho conflicto.

Es mayormente cuando un mestizo que llega a una comunidad nativa el que denuncia un caso de presunta violación de una menor de edad, que en la mayoría de veces son llevados a los fueros judiciales dejando de lado las costumbres y la propia justicia indígena, es decir son investigados por la fiscalía y finalmente son enviados a la cárcel por un juez.

Pero, en el tema de los indígenas que cometen delitos y que son procesados en el sistema occidental, se tiene el error de comprensión culturalmente condicionado, contenido en el artículo 15 del Código Penal.

El convenio 169 de la OIT que ha sido ratificado por el Estado peruano y que en consecuencia es Ley en el Perú, y debe ser aplicado por los jueces; se establece que si alguno de los miembros de las comunidades indígenas comete un delito deberá aplicarse las sanciones que en sus pueblos de origen se imponen y que es de preferencia sanciones que no signifiquen penas privativas de libertad, lo que no se cumple en muchos distritos judiciales. Por lo que hay indígenas sancionados con altas penas privativas de libertad.

Hay muchos casos en donde indígenas que cometen hechos que son considerados como delitos en la justicia occidental, pero en su cultura es parte de su propia vida cotidiana, es decir estos hechos son denunciados por personas que no son de sus comunidades. Es decir, estamos, ante la existencia de una justicia indígena, y ello es real por cuanto el derecho es producto de la existencia de la comunidad que sus integrantes tienen sus propias tradiciones, costumbres y formas de relacionares con la naturaleza y el medio ambiente que es totalmente distinto al derecho occidental que no quiere aceptar esa realidad.

Lo que se debe hacer es respetar y entender lo que es en realidad la justicia indígena, respetar sus creencias y sus diversos procesos culturales y la forma de resolver sus conflictos.

Pero, lo que llama la atención es que a las organizaciones o federaciones que dicen velar por los derechos de los indígenas, al parecer más estarían preocupados en temas en donde hay presupuestos que recibir; que por el sufrimiento y encarcelamiento que vienen soportando ochenta nativos y que han sido juzgados por la justicia occidental.