VACARON AL ALCALDE DE BALSAPUERTO: Nazario Luis Peña Panduro

VACARON AL ALCALDE DE BALSAPUERTO: Nazario Luis Peña Panduro

*Asume el cargo MAGNO SAAVEDRA CACHIQUE, alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto.

Expediente N.° J-2015-00124-A01

BALSAPUERTO – ALTO AMAZONAS – LORETO

APELACIÓN

Lima, diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

VISTO el recurso de apelación interpuesto por Marcial Tangoa Rengifo en contra del acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N.° 14-2015, que declaró improcedente la vacancia de Nazario Luis Peña Panduro, como alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 6, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y teniendo a la vista los Expedientes N.° J-2015-00124-T01 y N.° J-2015-00094-I01; y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

 Documentación remitida al Concejo Distrital de Balsapuerto

El 28 de abril de 2015, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante Oficio N.° 1747-2015-S-SPPCS, remitió la ejecutoria suprema, correspondiente al Recurso de Nulidad N.° 3353-2012-San Martín, que declaró no haber nulidad en la sentencia, de fecha 29 de diciembre de 2011, que condenó al alcalde Nazario Luis Peña Panduro por la comisión de los delitos de peculado doloso y falsedad genérica, en agravio de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, por lo que le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de tres años, con lo demás que al respecto contiene.

Nazario Luis Peña Panduro.

Por tal motivo, mediante Auto N.° 1, del 28 de abril de 2015 (fojas 32 a 34 del expediente de traslado), se remitió dicha documentación al Concejo Distrital de Balsapuerto para el trámite respectivo, conforme a los artículos 13 y 22 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).

Decisión del Concejo Distrital de Balsapuerto

Mediante el acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N.° 14-2015, de fecha 20 de noviembre de 2015, el concejo municipal declaró improcedente la vacancia de Nazario Luis Peña Panduro, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM (fojas 102 a 108).

 Recurso de apelación

Ante ello, el 25 de noviembre de 2015, Marcial Tangoa Rengifo interpuso recurso de apelación (fojas 1 a 6) en contra del acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N.° 14-2015, bajo los siguientes argumentos:

MAGNO SAAVEDRA CACHIQUE, asumió  como alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto.

  1. Mediante ejecutoria suprema, del 29 de enero de 2014, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria, del 29 de diciembre de 2011, emitida en contra de Nazario Luis Peña Panduro.
  2. Vía interpretación de los alcances de la causal señalada en el artículo 22, numeral 6, de la LOM, se ha establecido que esta se configura cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato de una autoridad edil.
  3. Como se ha establecido en resoluciones como la N.° 0572-2011-JNE, así exista una resolución de rehabilitación, esta no genera la extinción de la causal de vacancia, pues esta se fundamenta en el acto mismo de la imposición de la sanción penal.

 

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

Determinar si Nazario Luis Peña Panduro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, está incurso en la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM.

 

CONSIDERANDOS

 

Naturaleza de los procesos de vacancia

 

  1. En principio, conviene señalar que los procesos de vacancia o suspensión de las autoridades municipales o regionales tienen una naturaleza especial en la medida en que constan de una etapa administrativa y otra jurisdiccional, cuya regulación se encuentra en las leyes orgánicas (Resolución N.° 464-2009-JNE, del 7 de julio de 2009).

 

  1. Asimismo, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 5, literal a, de la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, LOJNE), este órgano electoral, en ejercicio de su función de administrar justicia en materia electoral, actúa como instancia jurisdiccional final en los mencionados procesos y se pronuncia en vía de apelación con relación a lo resuelto en la primera instancia, que corresponde a la etapa administrativa a cargo de los concejos municipales o consejos regionales.

 

Causal de vacancia por existencia de una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad

 

  1. El artículo 22, numeral 6, de la LOM, establece como causal de vacancia la existencia de condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. En este marco legal, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en las Resoluciones N.° 0817-2012-JNE y N.° 0320-2012-JNE, ha señalado que esta causal se configura cuando en algún momento concurran la vigencia de la condena penal con la condición de alcalde o regidor.

 

De esta manera, la Resolución N.° 0320-2012-JNE, del 24 de mayo de 2012, en la que se aplicaron los criterios jurisprudenciales establecidos en las Resoluciones N.° 0572-2011-JNE y N.° 0651-2011-JNE, sostuvo:

 

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a partir de la emisión de las Resoluciones N.° 0572-2011-JNE y N.° 0651-2011-JNE, vía interpretación de los alcances de la citada causal, ha establecido que esta se configura cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato de una autoridad edil, es decir, que en algún momento hayan confluido tanto la vigencia de la condena penal como el ejercicio del cargo de alcalde o regidor [énfasis agregado].

  1. Así también, se estableció que se encontrará inmersa en causal de vacancia aquella autoridad edil sobre la que haya recaído sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, con prescindencia de que posteriormente haya sido declarada rehabilitada por el cumplimiento de la condena impuesta o, de ser el caso, incluso por la emisión de un indulto presidencial o ley de amnistía; siempre y cuando dicha sentencia haya estado vigente durante el periodo de su mandato edil.

 

Precisión sobre la confluencia de periodos

 

  1. Con relación a la confluencia de la sentencia condenatoria y el mandato de autoridad edil, este órgano colegiado considera necesario efectuar las siguientes precisiones:

 

  1. En principio, la causal de autos que está regulada en el artículo 22, numeral 6, de la LOM, determina que el cargo de alcalde o regidor se declara vacante en caso de que se haya dictado en su contra “una condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad”.

 

  1. Por consiguiente, para establecer si se configura o no la citada causal de vacancia es necesario verificar si la sentencia condenatoria confluye o no con el mandato de autoridad municipal. Para tal efecto, debe tomarse en cuenta la pena que el órgano jurisdiccional ha dictado básicamente y no el periodo de prueba, en razón de que la citada norma establece que la causal de vacancia de autos tiene como fundamento la sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, y no el periodo de prueba, la cual puede tener un plazo diferente.

 

  1. Además, después de haberse vencido los plazos para interponer los recursos existentes dentro del proceso penal o resueltos estos, lo que, indefectiblemente, es declarado consentido o ejecutoriado, esto es, firme, por el órgano jurisdiccional penal es el íntegro de la sentencia condenatoria por delito doloso con pena privativa de la libertad impuesta y no solo el periodo de prueba, el cual tiene un carácter condicional al cumplimiento de reglas de conducta.

 

  1. Esta interpretación finalista de la referida norma busca preservar la idoneidad de los funcionarios públicos que, sobre todo, ejercen un cargo público representativo como lo hace un alcalde, de tal modo, que se evite mantener en el cargo a quienes han infringido las normas básicas del ordenamiento jurídico, al haber perpetrado un ilícito penal de connotación dolosa, como ha ocurrido en el presente caso, en el que, incluso, la agraviada es directamente la entidad edil en la que este ejerce funciones.

 

  1. Este criterio ya fue expuesto en la Resolución N.° 0778-2011-JNE, del 22 de noviembre de 2011, emitida en el Expediente N.° J-2011-00693, para resolver la apelación interpuesta por el alcalde del Concejo Provincial de Páucar del Sara Sara:

 

  1. En el presente caso, se encuentra acreditado que, con fecha 11 de mayo de 2009, Alejandro Miranda Díaz fue condenado por el Juzgado Mixto de Páucar del Sara Sara de la Corte Superior de Justicia de Ica, como autor del delito contra la seguridad pública en la modalidad de delito de peligro común, tenencia ilegal de municiones y materiales explosivos en agravio del Estado, y se le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de tres años; además, se fijó la suma de mil nuevos soles como reparación civil a favor del agraviado. Esta sentencia fue confirmada el 20 de agosto de 2010 por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Nazca de la corte superior citada [énfasis agregado].

 

Asimismo, por resolución del 28 de febrero de 2011, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, se declaró infundado el recurso de queja excepcional interpuesto por Alejandro Miranda Díaz contra la resolución que declaró improcedente el recurso de nulidad antes citado.

 

  1. Por lo tanto, al haberse verificado que el alcalde, en el ejercicio de su mandato cuenta con una condena vigente que concluye el 11 de mayo de 2013, se verifica la causal de vacancia invocada por el solicitante [énfasis agregado].

 

  1. Como se advierte en la citada jurisprudencia, con el propósito de verificar si el cuestionado acalde había incurrido o no en la causal de vacancia contemplada en artículo 22, numeral 6, de la LOM, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones consideró la pena privativa de la libertad por cuatro años dictada por el Juzgado Mixto de Páucar del Sara Sara de la Corte Superior de Justicia de Ica y no el periodo de prueba.

 

Análisis del caso en concreto

 

Situación jurídica de la autoridad cuestionada

 

  1. Mediante la sentencia del 29 de diciembre de 2011 (fojas 7 a 39 del Expediente ° J-2015-00094-I01), recaída en el Expediente N.° 00649-2008-0-2208-SP-PE-01, la Sala Penal Liquidadora de Tarapoto condenó a Nazario Luis Peña Panduro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, como partícipe de los delitos contra la Administración Pública, en las modalidades de peculado y malversación, y contra la fe pública, en su modalidad de falsedad genérica, en agravio de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, por lo que le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, sujeta a reglas de conducta, e inhabilitación por tres años.

 

  1. Posteriormente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Ejecutoria Suprema del 29 de enero de 2014, correspondiente al Recurso de Nulidad ° 3353-2012-San Martín (fojas 18 a 31 del expediente de traslado), declaró no haber nulidad en la mencionada sentencia, y, además, nula la mencionada sentencia en el extremo que condenó a Nazario Luis Peña Panduro como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de malversación de fondos, en agravio de la Municipalidad Distrital de  Balsapuerto.

 

Causal de vacancia en la que habría incurrido la autoridad cuestionada

 

  1. Ante ello, el Concejo Distrital de Balsapuerto, por medio del acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria N.° 14-2015, de fecha 20 de noviembre de 2015, declaró improcedente la vacancia del alcalde Nazario Luis Peña Panduro por la causal contemplada en el artículo 22, numeral 6, de la LOM. Además, aprobó la solicitud de adhesión al procedimiento de vacancia que el ciudadano Marcial Tangoa Rengifo formuló ante dicho concejo.

 

  1. En contra de dicha decisión, el recurrente interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos: i) La ejecutoria suprema, del 29 de enero de 2014, que ha declarado no haber nulidad en la sentencia condenatoria emitida contra Nazario Luis Peña Panduro, se ha emitido mientras este ejercía el cargo de alcalde; ii) se ha establecido que la presente causal se configura cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato de una autoridad edil, y iii) así exista una resolución de rehabilitación, esta no genera la extinción de la causal de vacancia, pues esta se fundamenta en el acto mismo de la imposición de la sanción penal.

 

  1. Respecto al primer argumento, debe precisarse que la mencionada ejecutoria suprema, del 29 de enero de 2014, que declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria dictada contra Nazario Luis Peña Panduro, no se ha emitido mientras este ejercía el cargo de alcalde, por cuanto, el último mandato para el cual fue elegido es el que corresponde al periodo 2015-2018. Sin embargo, la fecha de la emisión de una resolución de firmeza, como es el caso de esta ejecutoria, no es relevante para determinar si la sentencia condenatoria confluye o no con la vigencia de un mandato municipal, sino el periodo de vigencia de la pena privativa de libertad determinada por el órgano jurisdiccional penal señalada en la sentencia condenatoria.

 

  1. Con relación al segundo argumento, en efecto, este colegiado electoral ha establecido que la causal de autos se configura cuando se acredita que una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso ha confluido, en algún momento de su vigencia, con la condición de autoridad municipal.

 

Así, en el caso de autos, el órgano jurisdiccional penal le impuso a Nazario Luis Peña Panduro una sentencia condenatoria de cuatro años de pena privativa de la libertad el 29 de diciembre de 2011. En tal sentido, conforme al criterio expuesto en los considerandos cinco y seis de la presente resolución, dicha confluencia se ha producido debido a que la pena privativa de la libertad de cuatro años, confirmada el 29 de enero de 2014 por la instancia suprema penal, se cumplió el 29 de diciembre de 2015, mientras que el ejercicio del mandato del citado alcalde se ubica en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 diciembre de 2018. Por consiguiente, se advierte la concurrencia entre los periodos de la sentencia condenatoria impuesta y del mandato como autoridad municipal.

 

  1. Por lo expresado, este órgano electoral, apreciando los hechos con criterio de conciencia, conforme al artículo 23 de la LOJNE, y luego de examinados los hechos, concluye que Nazario Luis Peña Panduro ha incurrido en la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM, debido a que la sentencia condenatoria que se le impuso el 29 de diciembre de 2011 confluye con el periodo de mandato 2015-2018 de la autoridad edil.

 

  1. Finalmente, con respecto a la existencia de rehabilitación a favor del sentenciado, cabe señalar lo siguiente:

 

  1. En resoluciones como la ° 572-2011-JNE, N.° 745-2011-JNE, N.° 817-2011-JNE, N.° 1074-2013-JNE, N.° 609-2013-JNE y N.° 141-2014-JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha seguido el criterio de que ni la rehabilitación penal ni el transcurso del periodo de prueba, regulados en los artículos 61 y 69 del Código Penal, tienen repercusión en los procedimientos de suspensión o vacancia relacionados con la imposición de sentencias condenatorias, puesto que la causal se agota con la constatación de la existencia de una condena en segunda instancia, para la suspensión, y de una condena firme (consentida o ejecutoriada), para la vacancia, sin considerar que el condenado sea después rehabilitado o haya transcurrido el periodo de prueba. Es decir, que ni la rehabilitación ni la declaración de la pena como no pronunciada extingue la causal de autos.

 

  1. Lo anterior quiere decir que la vacancia de una autoridad regional opera cuando el Poder Judicial impone una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad por delito doloso, sin tomar en cuenta que haya transcurrido el periodo de prueba, o, incluso, haya sido rehabilitado o beneficiado con un indulto o una ley de amnistía. Lo que importa es que la pena emitida esté vigente, aunque sea en una parte, durante el mandato regional de la autoridad cuestionada.

 

  1. Este criterio es útil para evitar la ineficacia de las causales vinculadas con sentencias condenatorias y el incumplimiento de lo dispuesto en las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Esta pérdida de eficacia se producía cuando las autoridades municipales, condenadas a penas privativas de la libertad por delito doloso, dilataban u obstaculizaban el procedimiento, buscando que, por el transcurso del plazo de prueba o el cumplimiento de la pena (rehabilitación), el Jurado Nacional de Elecciones no se pronunciara sobre la vacancia. Esta situación traicionaba la finalidad de este procedimiento, y terminaba premiando el ejercicio abusivo de los recursos procesales que el ordenamiento otorga, con clara intención de evitar las consecuencias que la ley prevé.

 

  1. En tal sentido, la pretensión del apelante debe ser amparada y, consecuentemente, se debe revocar el acuerdo de concejo que resolvió declarar la improcedencia de la vacancia de la referida autoridad y, reformándolo, declarar la vacancia de Nazario Luis Peña Panduro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 6, de la L

 

  1. De este modo, en aplicación del artículo 24 de la LOM, corresponde que el alcalde sea reemplazado por el teniente alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral, razón por la cual se convoca a Magno Saavedra Cachique, identificado con DNI° 45773291, para que asuma el cargo de burgomaestre de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto; asimismo, de acuerdo con el mismo artículo 24, para completar el número de regidores, se convoca a Esperanza Yumi Tangoa, con DNI N.° 71400006, a fin de que asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto.

 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,

 

RESUELVE, EN MAYORÍA

 

Artículo primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marcial Tangoa Rengifo; en consecuencia, REVOCAR el acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N.° 14-2015, del 20 de noviembre de 2015, y, REFORMÁNDOLO, declarar la vacancia de Nazario Luis Peña Panduro, como alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 6, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

 

Artículo segundo.- DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada a Nazario Luis Peña Panduro en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, emitida con motivo de las Elecciones Municipales del año 2014.

 

Artículo tercero.- CONVOCAR a Magno Saavedra Cachique, identificado con DNI          N.° 45773291, para que asuma el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, y complete el periodo de gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se le debe otorgar la respectiva credencial que lo acredite como tal.

 

Artículo cuarto.- CONVOCAR a Esperanza Yumi Tangoa, con DNI N.° 71400006, para que asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, y complete el periodo de gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se le debe otorgar la respectiva credencial que la acredite como tal.

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

 

SS.

 

TICONA POSTIGO

 

 

 

ARCE CÓRDOVA

 

 

 

CHANAMÉ ORBE

 

 

 

CHÁVARRY CORREA

 

 

 

Marallano Muro

Secretaria General

CC/ayh

Expediente N.° J-2015-00124-A01

BALSAPUERTO – ALTO AMAZONAS – LORETO

APELACIÓN

 

Lima, diecinueve de junio de dos mil diecisiete

 

EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

 

Con relación al recurso de apelación presentado por Marcial Tangoa Rengifo en contra del acuerdo adoptado por el Concejo Distrital de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, en la Sesión Extraordinaria N.° 14-2015, emito el presente voto, con base en las siguientes consideraciones:

 

CONSIDERANDOS

 

Causal de vacancia por existencia de una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad

 

  1. El artículo 22, numeral 6, de la Ley N.° 27972, ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM), establece como causal de vacancia la existencia de condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. En este marco legal, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en las Resoluciones N.° 817-2012-JNE y N.° 0320-2012-JNE, ha señalado que esta causal se configura cuando en algún momento concurran la vigencia de la condena penal con la condición de alcalde o regidor.

 

De esta manera, la Resolución N.° 0320-2012-JNE, del 24 de mayo de 2012, en la que se aplicaron los criterios jurisprudenciales establecidos en las Resoluciones N.° 0572-2011-JNE y N.° 0651-2011-JNE, sostuvo:

 

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a partir de la emisión de las Resoluciones N.° 0572-2011-JNE y N.° 0651-2011-JNE, vía interpretación de los alcances de la citada causal, ha establecido que esta se configura cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato de una autoridad edil, es decir, que en algún momento hayan confluido tanto la vigencia de la condena penal como el ejercicio del cargo de alcalde o regidor [énfasis agregado].

 

  1. Así también, se estableció que se encontrará inmersa en causal de vacancia aquella autoridad edil sobre la que haya recaído sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, con prescindencia de que posteriormente haya sido declarada rehabilitada por el cumplimiento de la condena impuesta o, de ser el caso, incluso por la emisión de un indulto presidencial o ley de amnistía; siempre y cuando dicha sentencia haya estado vigente durante el periodo de su mandato edil.

 

Análisis del caso en concreto

 

  1. El 28 de abril de 2015, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante Oficio N.° 1747-2015-S-SPPCS, remitió la ejecutoria suprema, correspondiente al Recurso de Nulidad N.° 3353-2012-San Martín, que declaró no haber nulidad en la sentencia, de fecha 29 de diciembre de 2011, que condenó al alcalde Nazario Luis Peña Panduro por la comisión de los delitos de peculado doloso y falsedad genérica, en agravio de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, por lo que le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de tres años, con lo demás que al respecto contiene.

 

  1. Por tal motivo, mediante Auto N.° 1, del 28 de abril de 2015 (fojas 32 a 34 del expediente de traslado), se remitió dicha documentación al Concejo Distrital de Balsapuerto para el trámite respectivo, conforme a los artículos 13 y 22 de la LOM.

 

  1. Ante ello, el Concejo Distrital de Balsapuerto, por medio del acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria N.° 14-2015, de fecha 20 de noviembre de 2015, declaró improcedente la vacancia del alcalde Nazario Luis Peña Panduro por la causal contemplada en el artículo 22, numeral 6, de la LOM. Además, aprobó la solicitud de adhesión al procedimiento de vacancia formulada por Marcial Tangoa Rengifo.

 

  1. En contra de dicha decisión, el recurrente interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos: i) La ejecutoria suprema, del 29 de enero de 2014, que ha declarado no haber nulidad en la sentencia condenatoria emitida contra Nazario Luis Peña Panduro, se ha emitido mientras este ejercía el cargo de alcalde; ii) se ha establecido que la presente causal se configura cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato de una autoridad edil, y iii) así exista una resolución de rehabilitación, esta no genera la extinción de la causal de vacancia, pues esta se fundamenta en el acto mismo de la imposición de la sanción penal.

 

  1. Respecto al primer argumento, coincido con el pronunciamiento en mayoría, respecto a que la fecha de la mencionada ejecutoria suprema no es relevante para determinar si la sentencia condenatoria confluye o no con la vigencia de un mandato municipal, en tanto la primera constituye solo una resolución de firmeza, sin perjuicio de que se advierta que al momento de su emisión, en el año 2014, todavía no iniciaba el periodo de ejercicio del cargo de la autoridad en cuestión, electa para el periodo 2015-2018.

 

  1. Ahora bien, respecto al segundo y tercer argumento del recurso de apelación, este colegiado electoral ha establecido en Resoluciones como la N.° 0572-2011-JNE y N.° 0651-2011-JNE, que la causal de autos se configura cuando se acredita que una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso ha concurrido, en algún momento de su vigencia, con la condición de autoridad municipal.

 

  1. Ahora bien, en casos como el presente, donde se advierte que la condena en cuestión consiste en pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba, resulta necesario verificar la vigencia de la misma, y para tal efecto corresponde tener en consideración la fecha de la rehabilitación de la condena, de la declaración de su extinción o de la declaración de que se tenga como no pronunciada, respectivamente, de contarse con tales instrumentales, a fin de verificar si la sentencia estuvo vigente en algún momento del actual periodo de gobierno de la autoridad.

 

  1. Cabe precisar que esta posición ha sido desarrollada en anteriores pronunciamientos por este tribunal electoral. Así en la Resolución N.° 379-2010-JNE, del 14 de junio de 2010, se señaló lo siguiente:

 

  1. ANTECEDENTES

 

Hechos generales

 

El 10 de marzo de 2009, el Juzgado Mixto de Yarowilca de la Corte Superior de Justicia de Huánuco condena a Carmelo Jacinto Maylle Chagua por la comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego en agravio del Estado – Ministerio del Interior, imponiendo la pena privativa de libertad de cuatro años, suspendida en su ejecución por el plazo de un año (fojas 16 a 22).

[…]

 

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

[…]

  1. Conforme queda descrito en los antecedentes, la condena impuesta a Carmelo Jacinto Maylle Chagua, regidor del Concejo Distrital de Aparicio Pomares, fue consentida por el sentenciado.

 

No obstante, si bien se trata de una sentencia firme con pena privativa de la libertad de cuatro años, suspendida su ejecución a un año; es de anotar que, el plazo de prueba se cumplió el 9 de marzo de 2010, conforme a la resolución de rehabilitación expedida por el órgano jurisdiccional referido en los antecedentes.

 

Por consiguiente, al no encontrarse vigente la condena impuesta a Carmelo Jacinto Maylle Chagua, no se configura la causal de la vacancia imputada.

 

En el mismo sentido, la Resolución  N.° 087-2010-JNE, del 12 de febrero de 2010, señaló lo siguiente:

 

  1. Conforme es de verse de la sentencia de fecha 9 de junio de 2008 (obrante de fojas 030 a 034) expedida por el Sexto Juzgado Penal de Piura, el regidor Pedro Flores Ramos fue condenado a dos años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, bajo reglas de conducta, por la comisión del delito contra el patrimonio en agravio de la Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.

 

  1. Dicha condena fue confirmada mediante sentencia de fecha 16 de septiembre de 2008 (obrante de fojas 028 y 029) expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal de Piura, y consentida según la información proporcionada por la Primera Sala Penal Liquidadora – Piura, mediante Oficio Nº 0286-10-PSPL-CSJP/PJ, de fecha 26 de enero de 2010.

 

  1. En el presente caso, si bien se trata de una sentencia consentida en la que se condenó a Pedro Flores Ramos a pena privativa de libertad, es de anotar que el plazo de prueba se cumplió el 9 de junio de 2009, por lo que el Tercer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Piura ha expedido la resolución de fecha 27 de enero de 2010 (fojas 066 a 067), en la que dispone declarar extinguido el régimen de prueba impuesto al referido sentenciado y tener por no efectuado su juzgamiento; por consiguiente, al no encontrarse vigente la condena, no se configura la causal de vacancia imputada.

 

  1. Ahora bien, en el caso en concreto, se verifica que la autoridad edil, electa para el periodo de gobierno municipal 2015-2018, fue sentenciada el 29 de diciembre de 2011 a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de tres años, el cual habría culminado el 29 de diciembre de 2014, de haberse cumplido las reglas de conducta estipuladas en la sentencia penal.

 

  1. Igualmente, se advierte de la Resolución Número Dos, del 29 de enero de 2016 (fojas 513 a 517), que el Primer Juzgado Mixto y Juzgado Penal Liquidador de Alto Amazonas-Yurimaguas señaló en su considerando sexto que “(…) no obra documentación alguna que acredite que el sentenciado recurrente [entiéndase Nazario Luis Peña Panduro] haya incumplido las reglas de conducta que le fueron impuestas en la sentencia, ni se le ha revocado la suspensión de la pena”, y, por lo tanto, dispone se le declare rehabilitado, la restitución de sus derechos suspendidos y la cancelación de sus antecedentes, quedando subsistente la devolución del monto apropiado.

 

  1. A tal efecto, cabe tener presente que la figura penal de la rehabilitación, prevista en el artículo 69 del Código Penal, opera en aquellos casos donde el condenado ha cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad que le fue impuesta y, por ende, se le considera rehabilitado, ordenándose la cancelación de sus antecedentes penales; mientras que para los casos contemplados en el artículo 61 de dicho cuerpo normativo, cuando la sentencia consiste en una pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, se dictan unas reglas de conducta al sentenciado durante un periodo de prueba, que puede ser igual o inferior a la pena privativa, cuyo cumplimiento determinará que la sentencia se tenga como no pronunciada, operando, en consecuencia, una desaparición de la condena y la cancelación de antecedentes.

 

  1. Sin perjuicio de ello, de la Resolución Número Dos, del 29 de enero de 2016, se puede advertir que si bien a Nazario Luis Peña Panduro se le ha declarado “rehabilitado” –cuando bien podía operar la declaración de tener la sentencia por no pronunciada en aplicación del artículo 61 del Código Penal–, dado que no habría incumplido las reglas de conducta que le fueron impuestas en la sentencia, no obstante, dicho pronunciamiento no señala taxativamente la fecha a partir de la cual opera tal condición.

 

  1. Sobre este punto, cabe tener presente lo expresado por el Pleno del Tribunal Constitucional en la sentencia, de fecha 21 de enero de 2014, recaída en el Expediente N.° 07247-2013-PA/TC (caso Santiago Mozo Quispe), en cuyo considerando 11 señala lo siguiente:

 

La disposición antes aludida permite advertir que la rehabilitación de las penas resulta automática cuando se cumplen las condiciones estipuladas en la sentencia penal; sin embargo, no deja de resultar cierto que la imposición de penas o medidas de seguridad es una facultad exclusiva y excluyente del juez penal (artículo V del Título Preliminar del Código Penal), razón por la cual la determinación de la fecha de la rehabilitación de una condena también es facultad exclusiva y excluyente del juez penal, la cual necesariamente debe ser plasmada en una resolución judicial a efectos de disponerse la cancelación de los antecedentes penales en el Registro Nacional de Condenas.

 

  1. En ese sentido, dado que es facultad exclusiva y excluyente del juez penal la determinación de la fecha de rehabilitación de una condena, o desde que la misma debe tenerse como no pronunciada, en mi opinión resulta necesario que se solicite al órgano jurisdiccional competente la aclaración de la Resolución Número Dos, del 29 de enero de 2016, con relación a la fecha desde la cual opera la llamada rehabilitación de la pena principal, o de la declaración de la sentencia como no pronunciada, como es nuestra opinión, resultando determinante conocer dicha información a fin de evaluar si la referida condena confluye o no con el periodo actual de mandato edil de la autoridad, el cual se ubica entre el 1 de enero de 2015 y el 31 diciembre de 2018.

 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI VOTO es porque se SOLICITE a la Corte Superior de Justicia de San Martín, para mejor resolver, se informe el estado actual del Expediente 2008-0024-221602-JX-01-PE, así como se solicite al órgano jurisdiccional competente la aclaración de la Resolución Número Dos, del 29 de enero de 2016, con relación a la fecha desde la cual opera la llamada rehabilitación de la pena principal dictada en la citada resolución.

 

S.S.

 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

 

 

 

Marallano Muro

Secretaria General