Deforestación, cultivos de coca y dragas cerca al Parque Nacional Yaguas

*Territorio amazónico está totalmente abandonado en zonas del Putumayo y Ramón Castilla.

*El área deforestada cuenta con concesión entregada por INRENA y el gobierno regional de Loreto (desde el año 2008).

*Fiscalía especializada en materia ambiental a cargo del fiscal Yusen Caraza Atoche, prepara las denuncias correspondientes.   

“Todas las actividades ilegales parecen haberse enquistado en buena parte del territorio verde de Loreto. Hablamos del Putumayo y Ramón Castilla, que están llenas de sembríos ilícitos sin que nadie pueda reducir esas acciones que generan millones de dólares para los involucrados” dice uno de los informantes que alguna vez estuvo metido en esos trabajos.

Lo más preocupante es que ahora último a través de un sobrevuelo en la zona cercana al Parque Nacional Yaguas, las autoridades han certificado que en la parte baja del río Cotuhé, existen unas 650 hectáreas deforestadas. Y no solo eso.

Captaron imágenes de casas rústicas, con techo de calamina, en donde había cúmulos de hojas de coca. Y un poco más allá, sobre el río que colinda con Colombia; vieron la presencia de dragas, sí, de las que sacan oro en cantidades del territorio peruano.    


En 12 puntos más de 600 hectáreas han sido deforestadas para el cultivo de hojas de coca.

Es decir, tres actividades ilícitas en una misma zona: deforestación, sembrío de hojas de coca y extracción de oro. Y el trío ilícito que se mueve efusivamente a sus anchas; se ejecuta en espacio cercano al parque nacional Yaguas, un área protegida en el Perú, ubicada en el distrito de Putumayo en la provincia de Maynas y en los distritos de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla.

¿Y a quién pertenece el área donde actualmente se aplica el trío ilícito y devastador?

Según antecedentes, el 11 de diciembre de 2008 se suscribió un contrato de Concesión para la conservación 16-Iqu/C-CON-RI-001-08 a través de INRENA y Javier Manuel Salazar Carbajal, por un periodo de 40 años en una superficie de 224 mil 632.94 hectáreas. Una exageración por supuesto.


¿Y así como esa concesión cuántas otras están siendo utilizadas para la trilogía ilegal?

Y se supone que el objeto de la concesión era el desarrollo de actividades de protección, investigación científica, educación ambiental, capacitación y gestión sostenible de los recursos naturales para mantener y proteger la diversidad biológica. Incluso para actividades turísticas. Programa de zonificación y levantamiento de campo.

Pero nada de eso se hizo. Ahora mismo, y parece que desde hace años; se deforesta, se cultiva hoja de coca para droga y encima se saca oro del río cercano.

En cuanto a la situación actual de la concesión mencionada, mediante oficio 240-2021 de fecha 14 de mayo de 2021, la gerencia regional de desarrollo forestal y de fauna silvestre de Loreto; ha informado que el contrato 16-IQU/C, se encuentra VIGENTE, sin embargo, este se encuentra INACTIVO, toda vez que el titular no ha presentado ningún informe de ejecución de los 05 primeros años de ejecución del plan de manejo, el mismo que ya terminó su vigencia.


Dragas en el río vecino a Colombia, cerca al parque nacional Yaguas.

Pero así haya terminado su vigencia ¿es creíble que el dueño de la concesión Javier Manuel Salazar Carbajal (con domicilio en San Juan de Lurigancho), no haya sabido de las actividades ilegales contra los recursos naturales de Loreto, ejecutadas en su título habilitante por 40 años?

Haya sabido o no, ahora tendrá que responder al fiscal especializado en medio ambiente Alberto Yusen Caraza Atoche, quien es el que viene hilvanando fino para llegar a dar con los responsables de tremendo atentado contra la biodiversidad amazónica.

Durante la vigencia de la concesión se ha determinado una pérdida de 617.032 hectáreas de bosque. La resolución de jefatura 059- de OSINFOR, determinó que tales acciones habrían generado una afectación de nivel MUY GRAVE al patrimonio forestal.     

Un daño inmenso a la ecología, en el que tiene que ver mucho la institución que entregó la concesión pues no hizo el seguimiento y evaluación correspondiente al título habilitante, a fin que le hiciera cumplir con sus obligaciones y con los objetivos para lo cual se la concedieron.

Esa inacción ha permitido que por 14 años después de la suscripción del contrato de concesión, esta siga en manos de un titular que a la fecha no ha presentado ningún informe sobre las actividades implementadas en el marco del plan de manejo. Y que tampoco ha efectuado acciones frente a la deforestación y menos, contra la siembra de hojas de coca y la extracción ilegal de oro. ¿El titular de la concesión se hace el “muertito” o se ha estado beneficiando con algo durante todos estos años? Un enigma que tendrá que ser resuelto por la fiscalía especializada en materia ambiental a cargo de Alberto Yusen Caraza Atoche.

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