Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado pone en aprietos a la dirección de educación

Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado pone en aprietos a la dirección de educación

*Respecto a la primera convocatoria para la contratación del servicio de transporte mixto distribución y entrega de materiales educativos.

Hace poco se registró todo un escándalo en torno a la repartición de los útiles escolares, debido a qué pese a que había apelaciones encima del proceso, el comité especial de la convocatoria para brindar el servicio, adjudicó parte del servicio de manera directa a unas empresas. A la dirección de educación incluso llegó una representante de la fiscalía anticorrupción.

Sin embargo, el texto a continuación se refiere a la reciente Resolución 0434-2019 del TCE, expuesta el último 25 de marzo de 2019. En cuya sumilla se puede leer: “(…) al haberse verificado que el Impugnante ha acreditado el requisito de calificación “Capacidad técnica y profesional infraestructura estratégica”, corresponde REVOCAR el acto que dispuso la descalificación de la oferta de dicho postor y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, debiéndose declarar fundado el recurso de apelación en este extremo”.

 El tema lo vio la Cuarta Sala del tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente 597/2019 sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Inversiones Generales B & J EIRL, contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto de la adjudicación simplificada 001-2019 para la contratación del servicio de transporte mixto para la distribución y entrega de materiales educativos didácticos y lectura (incluye recojo, traslado y entrega de carga) a las instituciones educativas a nivel inicial, primaria y secundaria de la UGEL Maynas año escolar 2019 en las jurisdicciones de Punchana y San Juan.

En su apelación acusó al comité de selección de haber pretendido de forma dolosa no otorgar la buena pro del procedimiento de selección a su favor, toda vez que habría fabricado un requisito de calificación que no se encontraba previsto en las bases integradas y que era contrario a sendas opiniones vertidas por el OSCE.

El impugnante sostuvo ante el Tribunal de Contrataciones, que dicho comité habría descalificado su oferta porque no habría sustentado documental y fehacientemente la propiedad o la posesión del arrendador con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida en las bases integradas, es decir, no ha cumplido con acreditar la capacidad técnica y profesional requerida.


¿Qué hará ahora la dirección regional de educación frente a la respuesta contundente de OSCE?

Al respecto, aludió el impugnante, que las bases integradas solo exigían para la acreditación de la infraestructura estratégica, que los postores presenten la copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

Refiriendo el impugnante haber cumplido con acreditar dicho requisito, pues obra en su oferta el “Compromiso de alquiler de oficina”, sin embargo, el Comité de selección integrado por: Yadira Santillán de Del Águila, presidenta, Eduardo Ríos Urquía y María Vela Jiménez, miembros; requirió de forma adicional la presentación de documentación que acredite el derecho de propiedad o posesión de parte del arrendador sobre el bien a arrendar, lo cual no se encontraba establecido en las bases integradas del procedimiento de selección.

CONSECUENCIAS GRAVES PARA LA AUTORIDAD DE EDUCACIÓN Y EL COMITÉ ESPECIAL.

Según se desprende de la Resolución 0434-2019 del tribunal de contrataciones del Estado. La sala declaró la nulidad de la cancelación del procedimiento de selección efectuada por la entidad (8 de marzo) por constituir una vulneración flagrante al Art. 98 del Reglamento.

Dejando en claro que la declaratoria de desierto, en el presente caso, no es un “hecho imprevisible”, ni razones de caso fortuito o fuerza mayor”, en tanto se derivó de la descalificación irregular de la oferta del Impugnante.

Y lo más cuestionable convertido en gran problema para los responsables de dicho acto, según el tribunal, fue qué apreciando la información registrada en el SEACE, “ha contratado el servicio objeto del presente procedimiento (contratación directa) por un MONTO ascendente a 348 mil 104.37 soles, aun cuando, si no se hubiese descalificado al Impugnante (como irregularmente se hizo), hubiese adjudicado la buena pro a este por un monto ascendente a 245 mil soles” dice el TCE.  

La sala también señala que, por la desaparición de la necesidad alegada por la entidad, en dicho extremo del sustento invocado impide que la sala pueda adjudicar la buena pro al Impugnante. Agregando drásticamente, que la irregular descalificación del Impugnante (por parte de todos los que participaron en ese proceso de la DREL), hace necesario que se remita copia de la presente resolución a la Contraloría General de la República, al Órgano de Control Institucional de la entidad y al titular de ella para qué en el marco de sus correspondientes competencias, determinen las responsabilidades funcionales que correspondan.

En cuanto al voto en discordia del vocal Peter Palomino, éste señala lo siguiente: “Disponer que la entidad evalúe la posibilidad de cancelar el procedimiento de selección al haber desaparecido la necesidad del servicio a contratar o, en caso esta subsistiera, otorgue la buena pro al postor “Inversiones Generales B & J EIRL”, al haber REVERTIDO su situación de descalificado en su procedimiento de selección.

¿Y antes que pasara todo lo narrado, OCI de la DREL adscrita a la Contraloría no pudo alertar de todos esos riesgos, incluso en la tardanza de la convocatoria?

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